Sociedad Económica de Amigos del País de Asturias

El orgullo de ser asturiano.

Algunos políticos debieran de saber un poco más de historia a la hora de hacer juicios de valor.

Nadie puede negarle a Francisco Alvarez-Cascos su “permanente obsesión” con la figura de Jovellanos y la Ilustración, y de ahí el uso del término -país- y la famosa frase: -El orgullo de ser asturiano-.

Por eso resulta conveniente recordar que:

Si Carlos III entendía que la felicidad dependía de la riqueza, si la riqueza sólo se podía conseguir en función de un buen trabajo, si el trabajo valioso es el cualificado técnicamente y si la cualificación procede siempre de la educación, el camino que había que recorrer para la renovación industrial en España estaba claro. De ahí que el renovador Carlos III viese con buenos ojos los informes que sobre su mesa de trabajo le habían entregado con el proyecto de la puesta en marcha de las Sociedades de Amigos del País, con la idea de aplicar los conocimientos técnicos a la agricultura y la industria en general. La restricción de importaciones para fomentar la industria nacional que no era competitiva por encontrarse muy atrasada y la apuesta por la debida formación de los artesanos como fórmula para el progreso industrial español fueron las bases fundamentales que propiciaron aquel cambio de mentalidad.

Hay que sentirse legítimamente orgullosos de que la persona que había tomado aquella trascendental iniciativa fuese un asturiano de Tineo, Pedro Rodríguez Pérez quien, desde 1760, era su ministro de Hacienda y asesoraba al monarca en aquel cambio educativo del que sería su baluarte fundamental, dado que tenía muy clara la idea de que la raíz de todos los males de un país es la incultura.

Con esas perspectivas progresistas, el rey Carlos III aprobó en 1765 los estatutos de la “Sociedad Bascongada de Amigos del País”, con sede en Azcoitia, que, nueve años más tarde. por iniciativa de su fundador, el octavo conde de Peñaflorida, Xabier María de Munibe e Idiaquez y otros ilustres masones propusieran la creación del “Seminario Patriótico de Vergara”, donde comenzaron a darse con un método sistemático las disciplinas de Física, Química y Metalurgia. En esta rigurosa orientación docente se considera que están los orígenes de las enseñanzas de la Ingeniería Industrial.

El ministro asturiano Pedro Rodríguez Pérez (Santa Eulalia de Sorriba-Tineo, 1723 – Madrid, 1802) fue quien en 1774 puso todo su empeño en la creación de sociedades de amigos del país en muchas regiones con su impecable “Discurso sobre el fomento de la industria popular” y redactó los estatutos básicos para la creación en 1775 de la “Sociedad Económica Matritense”, de la que formaban parte como fundadores miembros de la Familia Real y que se convirtió, de hecho, en el único órgano consultivo del Gobierno para impulsar decididamente el establecimiento de enseñanzas industriales para propiciar el desarrollo del país. Se trataba así de superar el lastre de las clases improductivas que habían motivado años atrás el motín de Esquilache que el oscense Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda logró superar con una gran dosis de mano izquierda gracias al apoyo del gran hombre de confianza de Carlos III, el conde de Campomanes.

Las sociedades de Amigos del País eran organismos no estatales, cuya finalidad primordial era contribuir al desarrollo español. Fueron iniciados en círculos culturales de considerable nivel intelectual y les preocupaba especialmente el aspecto económico. En su fundación intervinieron los sectores más dinámicos de la sociedad: importantes figuras de la nobleza y numerosos cargos públicos, de la Iglesia, del mundo de los negocios y los artesanos.

El inolvidable José Miguel Caso González entiende que: “Las Sociedades Económicas de Amigos del País son, en el último tercio del siglo XVIII y primeros años del siglo XIX, uno de los instrumentos más significativos de la política de la Ilustración. Lo que con ellas se pretendió, la forma en que funcionaron, la base social en que se apoyaban, la tarea educativa y orientadora que asumieron están en estrecha relación con el ideal político de los ilustrados”.

Aquel mismo año de 1775 -en la sesión del 27 de mayo- en la Junta General de la Diputación Provincial de Oviedo se planteó, por primera vez, la fundación de la Sociedad Económica de Amigos Del País de Asturias, pero la idea no despertó grandes entusiasmos y sí, por el contrario, se pusieron muchos obstáculos y se hicieron patentes muchas negligencias, como suele ser habitual por la peculiar personalidad de muchos asturianos habitualmente cegados con la política de campanario.

No obstante, impertérrito y obstinado hasta el final, Pedro Rodríguez siguió adelante con sus planes y en 1777, gracias a una Orden del Consejo de Castilla de la que él era fiscal obligó al regente de la Audiencia, Juan Matías de Azcárate, a investigar si en el Principado de Asturias había carbón. De la tarea se responsabilizaron con gran diligencia: Joaquín José Queipo de Llano, conde de Toreno y el benedictino del Real Monasterio de San Juan de Corias, fray Iñigo Buenaga, quienes fueron capaces en pocos meses de entregar al regente un cajón con diversas muestras de carbón de piedra y otros minerales.
Así que el carbón ya iba a estar presente en la existencia de Jovellanos desde su llegada a Madrid. El 13 de octubre de 1778 cuando Jovellanos -después de una copiosa correspondencia con el plenipotenciario fiscal del Consejo de Castilla quien le había propuesto como académico supernumerario de la Real Academia de la Historia quizás para alejarle de las garras del Santo Oficio- se trasladó de Sevilla a Madrid como alcalde de Casa y Corte, con la responsabilidad de ser uno de los magistrados que debían velar por el orden en la capital del Reino. Se puede decir que, a los treinta y cuatro años, Madrid se puso a sus pies. Once días después de llegar a la capital del Reino, Jovellanos tomó posesión como miembro de la Sociedad Económica Matritense. Y en sólo tres años le hicieron miembro de la Real Academia de la Historia(1779), de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1780), de la Real Academia de la Lengua Española (1781), de la Real Academia de Cánones, Liturgia, Historia y Disciplina Eclesiástica (1782) y de la Real Junta de Comercio (1783), Aunque no paró de ir de aquí para allá y apreciar su rápida conquista de Madrid en los máximos centros culturales, también redactó en aquellos años su famoso Informe sobre la Ley Agraria que concluyó en Gijón, en el que aboga por la liberalización del suelo siendo consecuente con el pensamiento ilustrado en el que Campomanes y el Consejo de Castilla se habían volcado para modernizar el agro peninsular. Sin embargo, no lo vieron así los inquisidores del Tribunal del Santo Oficio al entender que algunas de sus tesis eran revolucionarias por atentar contra los patrimonios de la nobleza y de la iglesia católica.

Aquel cajón con piedras de carbón fue enviado a Madrid para que la Sociedad Económica emitiese un informe -ya era miembro de ella Jovellanos- y al ser positivo se ordenó a la Diputación la continuación de los trabajos iniciados, lo que así se hizo entregándose tres cajones con piedras el 23 de noviembre de 1779 que llegan al poder de Pedro Rodríguez en quince días. Cuatro meses después -el 8 de marzo de 1780- Pedro Rodríguez escribiría una clarividente carta a Joaquín José Queipo de Llano, conde de Toreno:

“Amigo y señor. He recibido las muestras de las canteras, debido a la actividad y celo del bien público que anima a VS. El Consejo las ha remitido a la Real Sociedad Económica del País a donde han merecido todo aprecio. Con su informe propondré al Consejo se publiquen en la Gaceta con honorífica memoria de los patriotas a quienes debe su descubrimiento. También se colocarán en las Memorias impresas de la Sociedad, como lo hace de todos los descubrimientos útiles en las que ahora se están imprimiendo y en las que saldrán sucesivamente.

Mucho siento que nuestro país por pequeñas etiquetas, en la sustancia despreciables, carezca de una sociedad habiendo tanta nobleza y un cabildo en la capital que pudieran componerla muy numerosa, con socios correspondientes en todo el Principado, que informasen de sus producciones naturales de mar y tierra, dándolas a conocer en todas partes por medio de sus memorias. Creo que sería un medio de disipar rencillas, reunir los ánimos y adquirir la nobleza conocimientos útiles, de que resultaría promover la industria, la pesca, los oficios y la ciencia económica en nuestro país. Yo he hablado al señor Conde de Peñalva sobre esta materia y le he visto dispuesto. Haría un gran bien a Asturias animando al establecimiento para el cual hay permiso del Consejo. Los asturianos que estamos del lado de acá de los puertos también nos alistaríamos en aquel Cuerpo patriótico y reunidas las especulaciones de todos al bien de la provincia, las resultas serían favorables.

No preveo obstáculo esencial a este pensamiento y estoy cierto de que sería favorecido del Rey, del Ministerio y del Consejo. ¿Pues por qué no se dedican los hombres de autoridad a dar impulso a esta Sociedad que asegurará a la nobleza una instrucción general, felicidades a la patria y al Estado mucho bien”.

A pesar del escepticismo de los asturianos con las renovadoras ideas docentes de su todopoderoso fiscal nacido en una humilde familia de Tineo, el 13 de abril de 1780 el Rey Carlos III si reconoció los grandes méritos de Pedro Rodríguez -quien, además, entre otros grandes trabajos había sido el padre de las postas, el abanderado del libre comercio, el impulsor de las colonizaciones agrarias con innovadores métodos en Sierra Morena y Extremadura, además de haber propiciado el inicio de la carretera de Oviedo a Castilla y encargado los primeros estudios para la reconstrucción del santuario de Covadonga con planos de Ventura Rodríguez- cuando era la máxima autoridad del Consejo de Castilla, al otorgarle el título nobiliario de conde con el nombre de Pedro Rodríguez de Campomanes y Pérez de Sorriba, con el que pasó a la Historia con mayúsculas. Pero para llegar a ser conde, Carlos III tuvo que recurrir a una ley que permitía acceder a la nobleza a personas influyentes aunque carentes de tradición heráldica.

Quien había escrito el “Tratado de la regalía de amortización” en 1765 -catorce años antes que se hiciera lo mismo tras la Revolución Francesa-, el “Discurso sobre el fomento de la industria popular” – en 1774 y el “Discurso sobre la educación popular de los artesanos”, en 1775, fundamentales ambos para la puesta en marcha de las disciplinas técnicas en España y el fomento de la industrialización por la iniciativa privada, al margen de las caducas reglamentaciones gremiales fue, a partir de entonces, el conde de Campomanes. Aquel título nobiliario nada tenía que ver con sus orígenes asturianos, sino con la denominación de unas tierras que le habían sido concedidas nueve años antes en Mérida: el Coto de Campomanes, gracias a la excepcional labor realizada en aquellos parajes baldíos para el desarrollo de la Agricultura.

A las cuarenta y ocho horas de saber que su amigo Pedro Rodríguez había sido nombrado conde de Campomanes, el conde de Toreno inteligentemente aprovechó la nueva situación para mover ficha y utilizar tan importante misiva de su amigo a fin de volver a plantear a la Diputación la creación de la Sociedad Económica de Amigos del País de Asturias, lo que así se hizo el 15 de abril de 1780. José Miguel Caso González ha advertido que aunque Campomanes hablaba de “promover la industria, la pesca, los oficios y la ciencia económica”, no refiriéndose para nada a la agricultura, en el acuerdo de la Diputación se creó la “Sociedad Económica de Amigos Hacendados del País”, con lo que se establecía un ligero cambio ya que los diputados provinciales sólo pensaban en los poseedores de tierras y, en consecuencia, se limitaban al desarrollo de la agricultura.

Tres días después se celebró la primera Junta de la Sociedad alistándose como primeros socios: Juan Matías de Azcárate, regente de la Real Audiencia y, en consecuencia, presidente de la Diputación, el conde de Toreno, Álvaro José de Inclán, el coronel Joaquín de Velarde y Juan de Pontigo, así como Nicolás de Rivera Argüelles, procurador general noble del Principado. Se eligieron como primeros socios honorarios al conde de Campomanes, fray Iñigo Buenaga y Antonio de Prado. Así, la primera Junta de la Sociedad quedó constituida de la siguiente manera: Director: Andrés Carlos de Prada Cienfuegos, canónigo de la catedral y rector de la Universidad. Vicedirector, Bernardino Antonio de Sierra y Quiñones, canónigo y dignidad arcediano de Tineo. Secretario, Rodrigo Antonio González de Cienfuegos Caso, conde de Marcel de Peñalva. Vicesecretario, Lope José de Argüelles. Tesorero, José Gabriel Fernández Cueto, regidor perpetuo noble del Ayuntamiento de Oviedo. Contador, Joaquín Méndez de Vigo, regidor perpetuo noble del Ayuntamiento de Oviedo. Censores: Felipe Peláez Caunedo, canónigo doctoral y Pedro Francos, canónigo con la dignidad de arcediano de Gordón.
Los estatutos de la sociedad asturiana que fueron presentados por el conde de Toreno eran similares a los hechos por Campomanes para la sociedad matritense y fueron aprobados el 15 de febrero de 1781. La sociedad -ha matizado también José Miguel Caso González- nacía presionada por el problema concreto de la minería, impuesto por Madrid y al que no daban importancia los asturianos. De ahí que se dé la paradoja de que cuando llegó el desarrollo industrial asturiano en el siglo XIX, los promotores fundamentales no fuesen asturianos, con lo que quedará demostrada la falta de visión de quienes crearon una institución para promover la minería y la industria, pero no tuvieron entonces más horizontes que los del campo de la agricultura.

Y todo ello a pesar de que Jovellanos -en su famoso discurso del 6 de mayo de 1782 ante la Real Sociedad de Amigos del País, de Asturias, en Oviedo- advirtiese que era preciso ir por otros caminos y anunciase su idea de crear el Real Instituto Asturiano para dar al país diestros pilotos y hábiles mineros, con sus claros planteamientos de que era preciso mejorar la educación instruyendo a los jóvenes en las ciencias útiles que pudieran servir posteriormente para ponerse al timón de los negocios y de las explotaciones del carbón de piedra. Asimismo recomendó que se enviasen a jóvenes estudiantes al Seminario de Vergara para que se impusiesen en los nuevos conocimientos y viajasen después por algunos países de Europa para aprender las innovadoras ciencias técnicas a fin de poder aplicarlas después en España. Sus planteamientos fueron bien acogidos, pero nada se hizo.

Tras la muerte del monarca que hizo posible la brillante década del siglo de las luces, la clarividente defensa de Jovellanos de las bases de la ilustración en su espléndido “Elogio de Carlos III” en la Real Sociedad Matritense -8 de noviembre de 1778- con el reconocimiento de la representación popular y de los derechos de la mujer como camino hacia la prosperidad con una feliz revolución, fueron ideas que no sentaron nada bien a los asesores y súbditos del oscurantista reinado de Carlos IV que nada tenía que ver con su antecesor en el trono y que fue un auténtico fracaso. Jovellanos -que no era un revolucionario, sino un patriota prudente que optaba por el reformismo- con su gran sensibilidad a flor de piel fue pues, una vez más, un adelantado de su tiempo y sentó unas bases para los cambios pacíficos necesarios años antes de que estallase la Revolución Francesa y se desatase la incontrolable espiral de la violencia. Debido a la envidia desatada a su alrededor, a Carlos IV le convencieron sus asesores para apartar del entorno del poder a Jovellanos.

La Historia con mayúsuculas siempre retorna y los cementerios asturianos están llenos de grandes figuras lamentablemente olvidadas.